EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE MULTA EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL COLOMBIANA. EVOLUCIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL

Introducción

Los antecedentes de la responsabilidad en la contratación estatal, se encuentran en el derecho administrativo francés y en la teoría general del contrato privado. Esa responsabilidad ha ido evolucionando hasta llegar a niveles más especializados, en los que se aplican principios y garantías procesales de carácter constitucional universal, que buscan el respeto y protección de derechos y, el cumplimiento de las obligaciones de las partes en litigio.

Es menester nuestro mencionar que, a pesar de la permanente evolución constitucional universal, normativa y jurisprudencial nacional, con se busca mayor eficiencia, eficacia y economía frente a la responsabilidad, actualmente presenta ostensibles tensiones y limitaciones.

Las disposiciones legales sobre contratación estatal en Colombia, han intentado ser la respuesta eficaz y eficiente a la realización de los cometidos estatales mediante la aplicación de la función administrativa.

Asimismo, regular todo lo atinente al contrato estatal, existen riesgos en el proceso de contratación que deben ser previstos en la etapa de planeación; aun así la manifestación de permanente obras inconclusas es hoy de mayor ocurrencia, lesionando el patrimonio económico público a través de la injusta lesión patrimonial al erario.

Una de las fuentes y por ende soporte esencial de la responsabilidad contractual estatal, es el incumplimiento a lo establecido en el objeto contractual, sea parcial o total, ello paulatinamente se ha ido incorporando a la legislación colombiana tomando mayor fuerza e importancia desde 1983.

Por otro lado, en nuestro derecho positivo y en la jurisprudencia sobre contratación pública apreciamos evoluciones, tendencias, reprocesos, retrocesos, tensiones, limitaciones y contradicciones que conjuntamente con los grandes descalabros que aparejan la constitución de la injusta lesión patrimonial al erario.

Lo que ha impelido a los poderes públicos del Estado, crear un marco normativo ordinario o extraordinario, con el apoyo de la jurisprudencia para la consolidación de un régimen contractual del Estado.

El acuerdo de voluntades del Estado, se constituye como el instrumento jurídico mediante el cual se despliega la gestión fiscal de la administración pública, con la cual se materializa la actividad estatal tendiente a la efectividad de los fines esenciales de la inversión social para para la prevalencia y satisfacción del interés general y de las necesidades colectivas y así lograr desarrollo, prosperidad general y equidad.